REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS

Maiquetía, once (11) de junio del año (2009)
Años 199º y 150

ASUNTO: WP11-R-2008-000034
ASUNTO PRINCIPAL: WP11-L-2007-000109

-I-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES


PARTE DEMANDANTE: RICARDO BENIGNO ALCALA, RAFAEL AUGUSTO ÁLVAREZ REID, OLEGARIO ROSALES SUAREZ, JESÚS ALBERTO POLEO ALBARRACIN, ALFREDO JOSÉ SILVESTRE SILVA, HECTOR RAMÍREZ, RONALD PARIATA, JOSÉ TORME, HECTOR LUGO, JUAN LEMUS, OSWALDO CESPEDES, MARILYN CALZADILLA, ZENAIDA DELGADO y JOSEFINA MARÍN, venezolanos, mayores de edad y titulares de la cedulas de identidad Nos. V-4.038.988, V-4.117.694, V-8.105.892, V-6.497.652, V-5.099.164, V-5.090.256, V-15.471.715, V-5.573.007, V-5.090.795, V-6.468.950, V-10.582.076, V-12.717.325, V-9.999.188, V-7.998.530, respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: VIRGILIO AMADOR ALVAREZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 119.962.

PARTE DEMANDADA: CONSEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VARGAS.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: TIBISAY MARQUINA CASTILLO, abogada, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.692.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.



-II-
SINTESIS DE LA LITIS


Han subido a este Tribunal las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha primero (01º) de abril del año dos mil ocho (2008), por el representante judicial de las partes demandantes, contra la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil ocho (2008).

La presente apelación fue recibida por el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en fecha nueve (09) de febrero del año dos mil nueve (2009), en fecha catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009), se fijó la audiencia oral y pública, prevista en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para el día cuatro (04) de junio del año en curso, fecha en la cual se celebró la misma y las partes expusieron sus correspondientes alegatos, los cuales constan en la respectiva acta.
-III-
CONTROVERSIA

En este sentido, señala la parte recurrente durante la celebración de la correspondiente Audiencia Oral y Pública por ante este Tribunal, lo siguiente:

“…Como es sabido el grupo de trabajadores pertenecientes al Consejo Municipal del estado Vargas hicieron una reclamación en relación a una necesidad que tenían los trabajadores, debido a que el doce (12) de abril del año dos mil cinco (2005) hubo un pronunciamiento de una asamblea ordinaria de la Cámara Municipal donde se dictaba el registro de asignación de cargos (…) que hasta ese momento no había sido reconocido como tal, éstos trabajadores habían recurrido en Primera Instancia ante el órgano competente que era la Inspectoría del Trabajo (…) se dieron todos los elementos necesarios y se dictó una medida de parte del ciudadano Inspector del Trabajo en donde ordenaba al despacho del Consejo Municipal para que fuese aplicado a los trabajadores el registro de asignación de cargos, debido a ello, vinieron a este Tribunal (…) en el dos mil siete (2007) con la finalidad de protegerse y buscar que el Tribunal de Primera Instancia (…) fuese expedito en la diligencia que hacían los trabajadores solicitando que le fuesen reconocidos el registro de asignación de cargos, en vista de ello, una vez que los trabajadores llevan su demanda con sus apoderados (…) se encuentran en una situación en la admisión cuando dice que se admitía bajo la condición de cobro de prestaciones sociales y diferencias de otros elementos contractuales, en primer término, puedo indicar al despacho que no se trataba de un reclamo de prestaciones sociales, sino que en todo caso se trataba de la aplicación del registro de asignación de cargos, por supuesto (…) el registro de asignación de cargos tal y como lo dice la decisión de la Cámara Municipal en esa asamblea ordinaria dictamina (…) el reconocimiento de los nuevos salarios que iban a devengar los trabajadores, pero la parte principal, (…) del fondo de la demanda de los trabajadores tenía que ver concretamente con el registro de asignación de cargos y por supuesto, en el resto de las piezas comienzan una serie de respuestas y de contestación a la demanda donde se van en relación a la diferencia de los salarios de los trabajadores y lo que tenía que ver con una alianza que tienen los trabajadores con el sindicato (…) y resulta que este tampoco era el fondo de la demanda, el fondo de la demanda seguía siendo para los trabajadores desde el momento que fueron a la Inspectoría del Trabajo era que se le aplicara el registro de asignación de cargos, y por supuesto las máximas de experiencia debía indicarle al ciudadano Juez de Primera Instancia que lo que realmente buscaban los trabajadores era que se le aplicara el registro de asignación de cargos, debido a que los trabajadores todavía aparecen en las nóminas como trabajadores contratados y trabajadores carnetizados con (…) un contrato que les indica que realmente no es el cargo que ellos debían ostentar de acuerdo a lo dictado en esa asamblea ordinaria y por supuesto, es lo que le preocupó a los trabajadores, porque los trabajadores en ningún momento estaban reclamando mayores salarios ni nada por el estilo, sino que se determinara realmente cual era el cargo que ellos tenían y por supuesto (…) eso es totalmente falso de toda falsedad los trabajadores como en el fondo de la demanda insisto y persisto es que los trabajadores solicitan que el Consejo Municipal les aplique lo que se dictó en la Cámara Municipal que es el registro de asignación de cargos (…) la preocupación de los trabajadores y al final una vez que se termine serán otras causas las demandas que tendrán los trabajadores, pero en el momento de la demanda el principio el fondo de la demanda sigue siendo su espíritu propósito y razón que es la aplicación del registro de asignación de cargos y por ello los trabajadores se preocuparon al ver que en la demanda lo primero que dice es que los trabajadores habían reclamado diferencias de prestaciones sociales lo que indica era que el Tribunal de Primera Instancia era el que estaba despidiendo a los trabajadores y eso enrarece totalmente el fondo y propósito de la demanda y por ello (…)por último, nosotros incorporamos unas serie de pruebas que se encuentran en el expediente que determinan realmente empezando que la decisión de la Inspectoría del Trabajo como las otras pruebas que van indicando cada uno de los nuevos pasos que corresponde a los trabajadores en el registro de asignación de cargos incluyendo el dictamen de la Cámara Municipal (…) yo solicito al despacho tome en cuenta el fondo de la demanda que es realmente es lo que han buscado los trabajadores en esta demanda, es todo…”

-IV-
MOTIVA


Esta Juzgadora debe considerar el principio REFORMATIO IN PEIUS, el cual implica estudiar en que extensión y profundidad puede el Juez Superior conocer de la causa, es decir, determinar cuales son los poderes respecto al juicio en estado de apelación y, al respecto, sostiene el maestro CALAMANDREI, en su obra Estudios sobre el Proceso Civil, traducción de Santiago Sentis Melendo, lo siguiente:

“El Juez de apelación está obligado a examinar la controversia sólo en los límites en que en primer grado el apelante ha sido vencido y en que, es posible en segundo grado, eliminar tal vencimiento; porque si él se determinare a reformar IN PEIUS la primera sentencia, esto es, a agravar el vencimiento del apelante, convirtiéndolo en vencido, allí donde en primer grado era vencedor, vendrá con esto a examinar una parte de la controversia, en relación a la cual faltando al apelante la cualidad de vencido, o sea, la legitimación para obrar, la apelación no habrá tenido ni podrá tener efecto devolutivo”.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en criterio reiterado, mediante sentencia de fecha cuatro (04) de mayo de dos mil cuatro (2004), con ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, en el procedimiento de cobro de prestaciones sociales seguido por el ciudadano JESÚS MARÍA SCARTON, contra CERÁMICAS CARABOBO S.A.C.A., estableció sobre el vicio de la reformatio in peius y del tantum apellatum quantum devolutum lo siguiente:

“…Dicho vicio (Reformatio in peius), se soporta en la obligación que se impone a los Jueces de alzada de ceñirse rigurosamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, y en tal sentido, las facultades o potestades cognitivas del Juez quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado por el apelante.
La configuración del vicio en referencia se cimienta en la vulneración del principio “tantum apellatum quantum devolutum” y tradicionalmente el Tribunal de Casación ha investido su categorización en el ámbito de los errores in procedendo o vicios de actividad, ello, al lesionar el derecho a la defensa…”

Así mismo, el doctrinario A. RENGEL ROMBERG, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano II, Teoría General del Proceso, afirma:

“…Nuestro sistema del doble grado de jurisdicción está regido por el principio dispositivo que domina en nuestro proceso civil, y por el principio de la personalidad del recurso de apelación, según los cuales el Juez Superior sólo puede conocer de aquellas cuestiones que le sean sometidas por las partes mediante apelación (nemo judex sine actore) y en la medida del agravio sufrido en la sentencia de primer grado (Tantum devolutum quantum appellatum) de tal modo que los efectos de la apelación interpuesta por una parte no benefician a la otra que no ha recurrido, quedando los puntos no apelados ejecutoriados y firmes por haber pasados en autoridad de cosa juzgada…”

El autor RICARDO REIMUNDIN, en su libro DERECHO PROCESAL CIVIL, Doctrina – Jurisprudencia – Legislación Argentina y Comparada, Tomo II, al conceptualizar el principio TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM, sostiene:

“…La regla fundamental es la que el Tribunal de apelación no puede conocer sino de aquellos puntos que hubiere sido objeto del recurso…”

En decisión de fecha Siete (07) de Marzo de Dos Mil Dos (2.002), dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del magistrado FRANKLIN ARRIECHE G., la cual ratifica la de fecha dieciséis (16) de Febrero de Dos Mil Uno (2.001), se establece:

“…Desde luego que los puntos aceptados adquieren firmeza, y por ello sobre tales puntos el Tribunal de apelación no puede pronunciarse ex oficio; en tal caso la sentencia sería incongruente, por no ajustarse a la pretensión de la parte, agravando la posición del apelante, y excediendo en consecuencia la alzada, los límites de lo sometido a su consideración a través del recurso ordinario de apelación…”

De igual forma, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia estableció en relación al alcance del recurso de apelación en materia laboral, en Sentencia N° 204, de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil ocho (2008) la cual a su vez cita el criterio jurisprudencial sentado en sentencia N° 1586 de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil siete (2007), en la cual se indica que en virtud del principio de oralidad y de obligatoriedad de asistencia a las audiencias el objeto de apelación debe delimitarse a los puntos expuestos durante la celebración de la audiencia oral y pública de apelación, la cual estableció lo siguiente:

“El principio en materia de recursos es que la parte apela de todo cuanto le desfavorece, en la medida del agravio que le causa la sentencia de primera instancia y no es necesario motivar la apelación, de tal manera que si se apela pura y simplemente, ello comprende todo lo no concedido por la sentencia recurrida, salvo que se delimite por escrito el objeto de la apelación. Ello es así en el proceso civil ordinario (…).
(…) Al respecto cabe preguntarse, de qué sirve la oralidad y la obligatoriedad de comparecer a las audiencias, preliminar, de juicio y de apelación, e incluso las que se llevan a cabo ante la Sala, sin la obligación del recurrente -en el caso de la apelación- de plantear con claridad cuál es el objeto de la apelación. Es que acaso la intención del legislador fue que las partes y sus apoderados se convirtieran en meros espectadores? o por el contrario estos como integrantes del sistema de justicia deben coadyuvar para la consecución de los fines del proceso, entre otros, convertirse en un verdadero instrumento para la realización de la justicia? Responder positivamente a la primera de las interrogantes, sería vaciar de contenido la norma que consagra la oralidad como pilar fundamental de una nueva administración de justicia.
De tal manera que en el proceso laboral, si bien funciona el principio general según el cual el recurrente apela de lo que le es desfavorable, es en la audiencia oral y pública que debe delimitar el objeto de su apelación y es a éste al que debe dirigir su actividad el Juez Superior”.(Subrayado del Tribunal)”.

En consideración a lo previamente trascrito y aplicando los principios antes referidos, esta Alzada, con el ánimo de no ver afectados los intereses de la parte recurrente, pasa a conocer y pronunciarse únicamente sobre el punto apelado, es decir, verificar si resulta procedente lo alegado por la parte recurrente en cuanto a que lo peticionado por los accionantes en el libelo de la demanda es el reconocimiento de la aplicación del registro de asignación de cargos a los demandantes y no el pago de diferencias de prestaciones sociales y otros elementos contractuales conforme lo señaló el Tribunal de Primera Instancia.

Ahora bien, este Tribunal a los fines de resolver los puntos apelados verificará los términos en que quedó trabada la litis en el presente asunto y procederá a señalar de forma resumida lo argumentado por las partes, tanto en el escrito libelar como en la contestación de la demanda, a tal efecto, las partes demandantes en su escrito libelar señalan brevemente lo siguiente:

Señalan que son trabajadores permanentes obreros de la parte demandada, que han prestado servicios en forma ininterrumpida en condiciones de ajenidad desempeñando los cargos de obreros, chóferes. albañiles, mensajeros, devengando un salario cuyo aumento fue aprobado en el registro de asignación de cargos del año dos mil cinco (2005), que entró en vigencia en abril del mismo año, indicando que por razones inexplicables les fueron desconocidos los aumentos aprobados por la mayoría calificada de los concejales, señalando que se les adeuda la diferencia del referido aumento y las incidencias generadas por el mismo. (Subrayado del Tribunal).

Que cumplen sus labores en jornadas de lunes a viernes en horario de 08:00 a.m. a 12:00 m y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m., que el ente demandado ha incumplido los aumentos aprobados en el registro de asignación de cargos, que por esa causa se dirigieron a la Inspectoría del trabajo del estado Vargas formalizando el reclamo relativo a las violaciones de las cláusulas del registro de asignación de cargos específicamente las relativas a aumentos de acuerdo a los tabuladores de cargos, así como ascensos, que igualmente, se ha violentado la convención colectiva del Consejo Municipal.

Que en la reunión de Cámara Municipal celebrada el doce (12) de abril de dos mil cinco (2005), fue aprobado el registro de asignación de cargos para el personal obrero, ascensos, pasos en la escala y compensaciones al personal, que esas asignaciones a pesar de haber sido aprobadas en dicho registro fueron desconocidas por el patrono, desconociendo los aumentos aprobados a los cuales aducen tener derecho. Que fueron incumplidas las incidencias que generan en el resto de los beneficios generados en la convención colectiva. (Subrayado del Tribunal).

Asimismo, piden el cumplimiento de cláusulas de una convención colectiva que no especifican, relativas a beneficios de bono nocturno, vacaciones, prendas de vestir, entre otros.

En virtud de lo anterior los accionantes reclaman conceptos demandados que se sintetizan a continuación: Diferencia por aumento del registro de asignación de cargos, y conceptos derivados de cláusulas de una convención colectiva vacaciones, diferencias por utilidades, bono de alimentación, bono de transporte, prendas de vestir e intereses sobre las prestaciones sociales y los que tienen hijo juguetes. Dichos conceptos totalizan las siguientes cantidades:

Accionante Cantidad
Ricardo Alcala Bs.4.858.182,90
Bs.F.4.858,18
Rafael Reid Bs.5.796.893,15
Bs.F.5.796,89
Olegario Rosales Bs.4.858.182,90
Bs.F.4.858,18
Jesús Poleo Bs.6.616.003,00
Bs.F.6.616,00
Alfredo Silvestre Bs.4.858.182,90
Bs.F.4.858,18
Héctor Ramírez Bs.5.884.056,40
Bs.F.5.884,05
Ronald Pariata Bs.5.218.182,90
Bs.F.5.218,18
José Torme Bs.4.858.182,90
Bs.F.4.858,18
Juan Lemus Bs.4.858.182,90
Bs.F.4.858,18
Oswaldo Cespedes Bs.5.578.182,90
Bs.F.5.578.18
Marilin Calzadilla Bs.5.218.182,92
Bs.F.5.218,18
Zenaida Delgado Bs.4.858.182,90
Bs.F.4.858,18
Josefina Marín Bs.5.938.182,90
Bs.F.5.938,18

Asimismo, demandan los intereses moratorios, así como los intereses sobre prestaciones sociales, la condenatoria en costas de la parte demandada y la indexación monetaria.

Con respecto a la parte demandada Consejo Municipal se evidencia de la revisión de las actas procesales que la representación judicial de la parte demandada no asistió a la audiencia preliminar primigenia pautada para el día dieciséis (16) de julio de dos mil siete (2007), no obstante, en este sentido hay que considerar que se trata de un ente con prerrogativas y privilegios procesales de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que establece textualmente lo siguiente:
“Cuando la autoridad municipal competente, debidamente citada, no compareciere al acto de contestación a la demanda o no diere contestación a las cuestiones previas que le hayan sido opuestas, se las tendrá como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad que dicha omisión comporte para el funcionario encargado de la representación judicial de los intereses patrimoniales de la entidad”.
De modo que por tratarse de un ente con prerrogativas procesales se entiende contradicha en todas y cada una de sus partes el escrito libelar, siendo el caso que esta sentenciadora ha sostenido el criterio que corresponde en estos casos la carga de la prueba a las partes accionantes.

De acuerdo a lo anterior se entienden contradichos los alegatos explanados en el escrito libelar relativos a que sean trabajadores permanentes obreros del ente demandado, que se le adeuden conceptos por diferencia por aumento del registro de asignación de cargos, y los siguientes conceptos derivados de cláusulas de una convención colectiva vacaciones, diferencias por utilidades, bono de alimentación, bono de transporte, prendas de vestir e intereses sobre las prestaciones sociales y los que tienen hijos juguetes.

Por otra parte, se observa que lo apelado en la audiencia oral y pública se circunscribe en verificar la aplicación del registro de asignación de cargos supuestamente aprobado en Cámara Municipal a los fines de que se procediese a otorgar la titularidad de los cargos y los ascensos a los accionantes, no obstante, de acuerdo a lo antes indicado en el libelo de la demanda no es lo solicitado, sin embargo, se entrará a revisar los medios de pruebas aportados por las partes en el proceso, de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que establece que el Juez de Juicio podrá ordenar el pago de conceptos, distintos de los requeridos, cuando éstos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con lo alegado y probado en el proceso. Lo anterior en el entendido que visto la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar primigenia y considerando que se trata de un ente político-territorial revestido de prerrogativas procesales le corresponde a las partes accionantes la carga de demostrar el punto apelado.

PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO POR LAS PARTES ACCIONANTES:

1._ En el capítulo I de su escrito de promoción de pruebas, ratificaron y dieron por reproducidos en todas y cada una de sus partes los alegatos contenidos en el libelo de demanda, en este sentido, se observa que dicha alegación no constituye un medio de prueba susceptible de valoración aunado al hecho que no fue admitido por el Tribunal A-quo en su oportunidad procesal, de modo que nada tiene que decir esta Juzgadora al respecto.

2._ En el capítulo II, del escrito de promoción de pruebas promovieron copia certificada de expediente contentivo de la reclamación interpuesta por ante la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas cursante a los folios del ciento treinta y seis (136) al doscientos diez (210) de la primera pieza del presente asunto, la cuales se aprecian a tenor de lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo como quiera que constituyen documentos públicos administrativos que gozan de la presunción de veracidad y legitimidad, del contenido de las mismas se desprende que el Sindicato Único Bolivariano de Trabajadores de la Cámara Municipal del Municipio Vargas (S.U.B.O.T.R.A.M.U.V), introducen pliego de peticiones por ante la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas, solicitando la cancelación de beneficios derivados de la aprobación del registro de asignación de cargos del Concejo Municipal del año dos mil cinco (2005).

A los folios del ciento treinta y siete (137) al ciento setenta y cuatro (174) de la primera pieza del presente expediente acompañan minuta de la versión taquigráfica de la sesión ordinaria celebrada en fecha doce (12) de abril de dos mil cinco (2005) en el Consejo Municipal, en este sentido, se observa un listado de trabajadores en los cuales se encuentran los accionantes con indicación de cargos y sueldos a devengar, se evidencia que a partir de la fecha antes indicada, los accionantes Ronald Pariata, Alfredo Silvestre, José Torme, Ricardo Alcala, Juan Lemus, Oswaldo Cespedes, Olegario Rosales, Josefina Marín, Marilin Calzadilla y Zenaida Delgado pasarían a devengar la cantidad de Trescientos Veintiún Mil Doscientos Treinta y Seis Bolívares (Bs.321.236,00), mensual que equivalen actualmente a la cantidad de Trescientos Veintiún Bolívares Fuertes con Veintitrés Céntimos (Bs.F.321,23); el accionante Héctor Ramírez pasaría a devengar la cantidad de Trescientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Bolívares (Bs.379.500,00), equivalentes al monto de Trescientos Setenta y Nueve Bolívares Fuertes con Cincuenta Céntimos (Bs.F.379,50); al accionante Rafael Álvarez la cantidad de Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Bolívares (Bs.412.500,00) hoy en día Cuatrocientos Doce Bolívares Fuertes con Cincuenta Céntimos (Bs.F.412,50); y al accionante Jesús Poleo la cantidad de Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Bolívares (Bs.475.000,00) que equivalen a Cuatrocientos Setenta y Cinco Bolívares Fuertes (Bs.F.475,00).

A los folios del ciento setenta y cinco (175) al ciento setenta y nueve (179) de la primera pieza minuta de la versión taquigráfica de la sesión ordinaria celebrada en fecha nueve (09) de junio de dos mil cinco (2005), en la cual en su punto número 7, se señala la ratificación de la aprobación del registro de asignación de cargos del año dos mil cinco (2005), personal obrero, ascensos, pasos en la escala, y compensaciones al personal empleado que no fueron mejorados en el período legislativo, el cual resultó aprobado, en este sentido, visto que como fue señalado anteriormente con la acción interpuesta por los accionante se solicita es el ajuste en sus sueldos y no la asignación de los cargos.

Riela en los folios del ciento ochenta (180) al ciento ochenta y siete (187) de la primera pieza del presente asunto carteles de notificación emanados de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas dirigidos a la Presidenta del Consejo Municipal, al Alcalde del Municipio Vargas y al Sindico Procurador del Municipio Vargas con sus respectivos informes donde se deja constancia de haberse efectuado dichas notificaciones.

A los folios del ciento ochenta y ocho (188) al ciento noventa y siete (197) de la primera pieza acta levantada en la Sala de Reclamos de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas de fecha seis (06) de abril de dos mil seis (2006), a la cual asistieron representantes de la Sindicatura Municipal, de la Contraloría Municipal y del Sindicato Único Bolivariano de Trabajadores de la Cámara Municipal del Municipio Vargas (S.U.B.O.T.R.A.M.U.V.), en la cual se acordó diferir el acto para el veintiocho (28) de abril de dos mil seis (2006), se acompañan igualmente credencial del consultor jurídico de la Contraloría del Municipio Vargas, la Gaceta Municipal ordinaria 093-2004, de fecha cinco (05) de marzo de dos mil cuatro (2004), mediante la cual se designa al Contralor Municipal, y poder otorgado a los representantes judiciales del Municipio por parte del ciudadano Alcalde del Municipio Vargas.

A los folios del ciento noventa y ocho (198) al doscientos ocho (208) de la primera pieza del presente asunto las siguientes documentales: Acta de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil seis (2006) levantada en la Sala de Reclamos y Conciliaciones de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas en la cual se dejó constancia de la incomparecencia de los representantes de la Cámara Municipal, cartel de notificación al Sindico Procurador e informe a través del cual se deja constancia de haberse practicado la notificación; acta de fecha diez (10) de mayo de dos mil seis (2006), en el cual se difiere el acto para el día veinticinco (25) de mayo de dos mil seis (2006); comunicación número 0242, de fecha ocho (08) de mayo de dos mil seis (2006) suscrita por el Sindico Procurador del estado Vargas dirigida al Director de Administración de la Cámara Municipal donde le manifiesta sobre la reclamación del Sindicato Único Bolivariano de Empleados de la Cámara Municipal del Municipio Vargas sobre el registro de asignación de cargos y la factibilidad económica; acta de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil seis (2006) que se difiere para el ocho (08) de junio de dos mil seis (2006); acta de de fecha ocho de junio de dos mil seis (2006) en la cual se deja constancia del agotamiento de la vía administrativa sin ningún acuerdo, reservándose el Sindicato la posibilidad de acudir al órgano judicial.

3._ Prueba de Exhibición:

Promovieron de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la exhibición de las siguientes documentales:

3.1.- Originales de expedientes administrativos de cada uno de los demandantes con expresa presentación de los documentos relativos a los hijos e hijas de los accionantes, en este particular, se evidencia que dicho medio de prueba fue admitido en su oportunidad procesal por el Tribunal A-Quo, y la parte demandada acompañó las copias certificadas de los expedientes administrativos de los accionantes que cursan a los folios del doscientos treinta y nueve (239) de la primera pieza al folio ciento veintiuno (121) de la cuarta pieza del presente asunto, las cuales son valoradas por este Tribunal considerando que no fueron impugnadas durante la celebración de la audiencia oral y pública de juicio y se especifican a tenor de lo siguiente:

3.1.1.- Marcado con la letra “A” cursante a los folios del doscientos treinta y nueve (239) de la primera pieza al once (11) de la segunda pieza del presente asunto copias certificadas del expediente administrativo del accionante Ricardo Alcalá en el cual se evidencia las siguientes documentales: Nómina de personal contratado correspondiente a bono vacacional y fideicomiso donde se evidencia los pagos efectuados al accionante, oficio número 314/07, de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil siete (2007) emanado de la Oficina de Personal del Consejo Municipal del estado Vargas y dirigido a la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas en la cual solicita copia certificada de la Providencia Administrativa que ordena el reenganche del ciudadano Ricardo Alcalá; Comunicación emanada del accionante en mención en la cual solicita al jefe de personal de la Cámara Municipal que le informara la relación de tickeras de deudas de los años 2003-2004; relación de vacaciones vencidas y no disfrutadas del accionante Ricardo Alcalá; planilla de abono de antigüedad del accionante; comunicación de fecha dos (02) de septiembre de dos mil tres (2003) emanada de la oficina de Personal del Concejo Municipal y dirigida a Olegario Rosales en la cual le manifiesta que fue transferido en comisión de servicios a la Junta Parroquial de la Guaira; Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas número 24/04, de fecha trece (13) de enero de dos mil cuatro (2004), en la cual se declara con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el accionante Ricardo Alcalá y se ordena al Consejo Municipal el reenganche y pago de salarios caídos del prenombrado demandante.

3.1.2.- Cursante a los folios del doce (12) al veinticuatro (24) de la segunda pieza del presente asunto, marcado con la letra “B” copias certificadas del expediente administrativo del accionante Rafael Álvarez donde constan las siguientes pruebas: Nómina de personal contratado correspondiente a fideicomiso, nómina de personal contratado correspondiente a bono vacacional en el cual se evidencian los pagos efectuados al demandante por éstos conceptos durante los años dos mil seis (2006) y dos mil siete (2007); control de personal; planilla de liquidación de intereses sobre prestaciones sociales del accionante; planilla de abono de antigüedad, resumen curricular de demandante, y finalmente relación de vacaciones vencidas y no disfrutadas del trabajador Rafael Álvarez.

3.1.3.- Marcado con la letra “C” riela a los folios del veinticinco (25) al cuarenta y seis (46) de la segunda pieza del presente expediente, copias certificadas del expediente administrativo del demandante Olegario Rosales en donde constan las siguientes pruebas: Nómina de personal contratado correspondiente a bono vacacional del año dos mil dos (2002), donde se evidencia un pago al accionante por la cantidad de Seiscientos Quince Mil Seiscientos Bolívares (Bs.615.600) que equivalen a Seiscientos Quince Bolívares Fuertes con Sesenta Céntimos (Bs.F.615,60); control de personal donde se indica como fecha de ingreso del accionante el primero (01º) de enero de dos mil dos (2002); liquidación de intereses sobre prestaciones sociales fideicomiso 05/06 a nombre del trabajador Olegario Rosales; planilla de abono de antigüedad del accionante; relación de vacaciones vencidas y no disfrutadas del accionante donde se observa que el demandante no tiene período de vacaciones no disfrutadas y que le han sido pagados los bonos vacacionales desde el período 2002/2003 al 2005/2006; comunicación de fecha treinta (30) de marzo de dos mil cuatro (2004) emanado de la Oficina de Personal del Concejo Municipal dirigida al accionante en la cual le informan que fue transferido en comisión de servicios a la Junta Parroquial de la Guaira; comunicación número 0180/04, de fecha treinta (30) de marzo de dos mil cuatro (2004) emanada de la Oficina de Personal del Concejo Municipal y dirigida al Presidente de la Comisión de Cultura y Deporte referente al traslado del accionante en comisión de servicio a la Junta Parroquial de la Guaira; comunicación número 0178/04, de fecha treinta de marzo de dos mil cuatro (2004), emanada de la Oficina de Personal del Concejo Municipal, dirigida al Presidente de la Junta Parroquial de La Guaira donde le informan del traslado en comisión de servicios del prenombrado accionante; comunicación de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil cuatro (2004) emanada del Presidente de la Junta Parroquial de La Guaira dirigida al Jefe de Personal de la Cámara Municipal en la cual solicitan el traslado en comisión de servicios de accionante en mención; oficio número 071-08, de fecha primero (01º) de septiembre de dos mil tres (2003) emanada del Presidente de la Junta Parroquial de La Guaira en la cual solicita la incorporación del accionante Olegario Rosales en comisión de servicios a dicho ente; notificación de fecha dos (02) de septiembre de dos mil tres (2003) emanada de la Oficina de Personal del Concejo Municipal donde se le informa sobre su transferencia en comisión de servicios a la Junta Parroquial de La Guaira; oficio número 306 de fecha siete (07) de marzo de dos mil tres (2003) emanada del Secretario de la Cámara Municipal dirigida al Director de Administración de la Cámara Municipal donde le informa que en sesión de fecha siete (07) de marzo de dos mil tres (2003) se acordó aprobar la continuación del personal contratado en el ejercicio fiscal 2002; oficio número 445, emanado del Secretario de la Cámara Municipal al Jefe de la Oficina de Personal de dicho ente donde le informa sobre la decisión de aprobación continuidad del personal contratado en el ejercicio fiscal 2002; oficio número 693, de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil dos (2002) emanado del Secretario de la Cámara Municipal dirigido al Jefe de la Oficina de Personal de la Cámara Municipal donde le remiten un listado del personal a ser contratado en donde está incluido el accionante Olegario Rosales; y finalmente, contrato de prestación de servicio número 310, suscrito entre el prenombrado demandante y el Presidente del Concejo del Municipio Vargas con una duración desde el primero (01º) de abril de dos mil dos (2002) treinta y uno (31) de diciembre de dicho año.

3.1.4.- Igualmente, marcado como anexo “D” riela a los folios del cuarenta y siete (47) al ciento cincuenta (150) de la segunda pieza del presente asunto copias certificadas del expediente administrativo del accionante Jesús Poleo donde se observan las siguientes documentales: Nómina de fijos donde aparece reflejado el accionante con el cargo de comprador jefe, control de personal donde aparecen los datos generales del demandante y como fecha de ingreso el quince (15) de abril de dos mil uno (2001) y que ha desempeñado los cargos de obrero y asistente administrativo; síntesis curricular de Jesús Poleo con anexos de título de bachiller, partida de nacimiento de su hijo, acta de matrimonio, oficio número 392-06, de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil seis (2006), emanado de la Oficina de Personal de la Cámara Municipal dirigida al Presidente de la Junta Parroquial donde le informa sobre la transferencia en comisión de servicios del antes mencionado accionante; oficio número 365-04, de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil seis (2006) en la cual la Jefe de Personal del Concejo Municipal le solicita a la Presidente de dicho ente que se someta a consideración la aprobación de la comisión de servicios del accionante Jesús Poleo señalando que el mismo se negó a acatar la comunicación mediante la cual se le enviaba en comisión de servicios a la Junta Parroquial alegando que gozaba de fuero sindical; acta de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006) la cual se presenta de modo ilegible no siendo posible determinar su contenido; comunicación de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil seis (2006) emanada de la Jefe de personal al Presidente de la Junta Parroquial de Catia La Mar donde le informaba sobre la transferencia del demandante Jesús Poleo en comisión de servicios a dicho ente; oficio sin número de fecha doce (12) de enero de dos mil seis (2006) del Cronista del Municipio Vargas dirigido al Jefe de Oficina de Personal donde solicita en comisión de servicios al trabajador antes señalado; oficio número 1.425/04, de fecha diez (10) de noviembre de dos mil cuatro (2004) emanado del Secretario del Concejo Municipal y dirigido al Jefe de la Oficina de Personal de la Cámara Municipal donde se informa que en sesión de la misma fecha se acordó impartir aprobación a la minuta de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil cuatro (2004), la cual se anexa a dicha comunicación.

Asimismo, del mismo expediente se evidencia oficio número DAL 0597/04, de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil cuatro (2004), emanado del Director de Administración Legislativa y dirigida al Jefe de la Oficina de Personal del Concejo Municipal en la cual anexan comunicación de los trabajadores obreros contratados donde solicitan solución al problema de estabilidad laboral; oficio número 0429/04, de fecha diez (10) de junio de dos mil cuatro (2004) emanada de la Dirección de Administración Legislativa al Jefe de la Oficina de Personal del Concejo Municipal a los fines de anexar comunicación número DGI: 352 de fecha nueve (09) de abril de dos mil cuatro (2004), en la cual se determinó que para proceder a la tramitación de las cláusulas 44 y 50 contenidas en la solicitud número 0382/04 que también se acompaña a dicha comunicación, se requería copia de los contratos de personal, copia de las cláusulas y exposición de motivos justificando el pago; oficio número 447/04, de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil cuatro (2004) dirigida al Director de Administración Legislativa donde remiten un listado del personal que solicita el pago de las cláusulas 44 y 50, en donde se evidencia el accionante Jesús Poleo; oficio DAL 0360/04, de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil cuatro (2004) remitida al Jefe de la Oficina de Personal del Concejo Municipal donde se remite comunicación de fecha doce (12) de mayo suscrita por ASOTRALMUVA-ENDES donde solicita enviar informe a la Oficina de Administración de la Alcaldía de treinta y ocho (38) trabajadores obreros afiliados al Sindicato referida al incumplimiento de dos (02) cláusulas de la Convención Colectiva 2003; oficio número 306 de fecha siete (07) de marzo de dos mil tres (2003) emanado del Secretario Municipal dirigido al Director de Administración de la Cámara Municipal donde se le notifica sobre el contenido de la sesión ordinaria de fecha siete (07) de marzo de dos mil tres (2003), mediante el cual se acordó la continuidad del personal contratado del ejercicio económico 2002 y se acompaña oficio número 445 de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil tres (2003), con la misma información antes referida dirigido a la Oficina de Personal del Concejo Municipal; contrato de prestación de servicios número 0226, suscrito entre el accionante Jesús Poleo y el Presidente del Concejo Municipal con una duración desde el primero (01º) de abril de dos mil dos (2002) al treinta y uno (31) de diciembre del mismo año; contrato de trabajo suscrito entre las partes antes indicadas con una duración desde el quince (15) de abril de dos mil uno (2001) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil uno (2001); contrato de prestación de servicios número 0070, suscrita entre las partes ya señaladas con una duración desde el primero (01º) de enero de dos mil dos (2002) al treinta y uno (31) de marzo del mismo año; oficio número 467 de fecha seis (06) de marzo de dos mil dos (2002) donde el secretario Municipal informa al Jefe de Personal del Concejo Municipal sobre la decisión tomada en sesión de fecha veintiocho (28) de marzo del mismo año donde aprueban la contratación de un listado de diez (10) personal entre las que se encuentra el prenombrado accionante; comunicación de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil uno (2001) emanada del Presidente de la Comisión Permanente de Economía del Concejo Municipal del Municipio Vargas donde le informan al Secretario de dicho ente sobre el listado del personal que laboraría en dicha institución a partir del día quince (15) de abril del mismo año entre los que se encuentra el accionante; copia de la cédula de identidad del accionante Jesús Poleo; justificativo médico del prenombrado accionante emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; comunicación emanada del accionante en donde solicita al Jefe de Personal de la Cámara Municipal que se le incluya dentro de los beneficios contractuales que gozan los obreros afiliados al sindicato acompaña recibo de pago de salario a dicha solicitud; oficio número 430-06, de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil seis (2006), emanada de la Jefe de la Oficina de Personal del Concejo Municipal y dirigida al Cronista del Municipio Vargas donde se le notifica sobre la transferencia en comisión de servicios del accionante en cuestión; comunicación de fecha doce (12) de enero de dos mil seis (2006), en la cual el Cronista del Municipio Vargas solicita a la Jefa de la Oficina de Personal del Concejo Municipal la comisión de servicios del accionante; memorando número CPC Nº 048-2006 de fecha veinte (20) de febrero de dos mil seis (2006), emanada de la Comisión Permanente de participación Ciudadana donde se pone a la orden de personal al accionante Jesús Poleo y notificación al prenombrado demandante de dicha decisión; orden de reposo a nombre del accionante emanado de la Dirección de Sanidad del Ministerio de la Defensa.

Oficio número 492, de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil cinco (2005) donde el Secretario de la Cámara Municipal le notifica al accionante sobre la decisión de la Cámara en sesión de la misma fecha de aprobar el contenido de oficio número 100, suscrito por el Procurador Municipal contentivo de opinión jurídica requerida por el accionante sobre beneficios contractuales a tal efecto remiten el referido oficio emanado del Sindico Procurador del estado Vargas en el cual dicho funcionario señala que considera precedente la petición formulada por el demandante en cuanto al pago de las cláusulas del convenio colectivo suscrito entre la Municipalidad y el sindicato de obreros al servicio de la Alcaldía y sus Entes Descentralizados (ASOTRALMUVA-ENDES), referida a las cláusulas 44, 46, 47, 51, 54 y 57, con respecto a este medio de prueba esta Juzgadora considera primeramente que sólo hace mención al accionante Jesús Poleo y en segundo lugar estima que los dictámenes emanados de la Sindicatura Municipal no son vinculantes a los fines de dar cumplimiento taxativo a los mismos.

Se evidencia solicitud de información requerida por el accionante al Jefe de Personal de la Cámara Municipal de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil cinco (2005), en la cual solicita información sobre el pago de las cláusulas del contrato colectivo obrero al cual acompaña minuta de versión taquigráfica de la sesión ordinaria celebrada el veinticinco (25) de abril de dos mil cinco (2005); contrato de prestación de servicio; informe jurídico de la Sindicatura Municipal y comunicación de la Secretaría Municipal sobre la aprobación del punto documentales que fueron precedentemente analizadas por esta Juzgadora; comunicación de fecha tres (03) de noviembre de dos mil cinco (2005) emanada del accionante a la Jefa de la Oficina de Personal de la Cámara Municipal donde pide información sobre pago pendiente de reivindicación laboral; solicitudes y autorización de vacaciones de fechas veintitrés (23) de mayo de dos mil seis (2006), cinco (05) de agosto y seis (06) de enero de dos mil cinco (2005); oficio número 054-04, de fecha tres (03) de mayo de dos mil cuatro emanada del Presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana a la Jefa de la Oficina de Personal remitiendo solicitud y planilla de vacaciones de Jesús Poleo sin fecha; oficio número 672-06, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil seis (2006), de la Jefe de Personal del Concejo Municipal al Director de Administración de dicho ente solicitando un monto de Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Bolívares (Bs.5.380.000,00) para la cancelación a Jesús Poleo de las cláusulas establecidas en la Convención Colectiva; Liquidación de Intereses Sobre Prestaciones Fideicomiso 05/06, en el cual se evidencia que el accionante recibió por este concepto la cantidad de Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cinco Bolívares (Bs.556.875,00) que equivalen actualmente a Quinientos Cincuenta y Seis Bolívares Fuertes con Ochenta y Siete Céntimos (Bs.F.556,87), comunicación de fecha primero (01º) de diciembre de dos mil cinco (2005), suscrita por los miembros de la Junta Directiva