REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO EN LO CIVIL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO VARGAS.
Maiquetía, 17 de Abril de 2006.
195° y 147°
Vista la anterior demanda por NULIDAD DE ACTO y sus anexos, presentada por los ciudadanos: DAVID FERNANDEZ y PAQUITO TORRES, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-10.337.382 y V-3.884.439, quienes actúan en su condición de miembros asociados de la Sociedad Civil CLUB PARQUE MAR, conforme a Documento Constitutivo y sus Estatutos Sociales, cuya última modificación fue protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Vargas del Distrito Federal, en fecha 22/12/93, bajo el Nº 15, Protocolo Primero, debidamente asistidos por el Abogado en ejercicio JESÚS CASTELLANO MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 42.051, contra la Junta Electoral de la referida Asociación Civil, integrada por los ciudadanos: AMADO BLANCO, MARIBEL NIETO y JAIME UNDURRAGA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-5.576.773, V-12.715.866 y V-6.341.386 respectivamente, désele entrada y anótese en el Libro respectivo.
El Tribunal antes de proveer sobre la admisión de la misma observa:
La parte actora mediante la presente demanda solicita la Nulidad absoluta de las actuaciones realizadas por la Junta Electoral de la Asociación Civil del Club Parque Mar, así como el Reglamento Electoral elaborado por éstos, cuyas actas se identifican como Acta Nº 1, Acta Nº 2, Acta Nº 3 y Acta Nº 4, todas emanadas y suscritas por la Junta Electoral, en fechas 16/11/05, 17/11/05, 19/11/05y 26/11/05 respectivamente.
Ahora bien, si bien es cierto que este Tribunal es competente para conocer de la presente acción de NULIDAD DE ACTO, no es menos cierto que de en su Artículo 297, la Constitución establece que:
“La jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia o de los demás Tribunales que determine la Ley”.

Esto se deriva, casi necesariamente del carácter participativo de la democracia diseñada en la Constitución, sumado a la ampliación de la competencia del Poder Electoral, hasta la organización de los procesos electorales en gremios, colegios profesionales, sindicatos y partidos políticos, así como también en otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como lo estipula el Artículo 293 de la Constitución Nacional.
Pero la Sala Electoral fue más lejos y consideró sujetos a su control los “Actos administrativos electorales”, entendiéndose como tales aquellas providencias emanadas de entes u órganos de derecho público distintos a aquellos órganos que integran el Poder Electoral, que conforme a sus caracteres sean perfectamente identificables como actos administrativos, pero que, por referirse a la material electoral su control corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso electoral.
Pero la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no reconoce esto y limita la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Electoral a controlar las decisiones con relación a partidos políticos, registro electoral permanente, postulación y elección del Presidente de la República y diputados. Esto en única instancia y en apelación, en toda otra elección (Art. 5, Numerales 45 y 46 LOTSJ). La Sala Electoral consideró que esto viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al excluirla del Control de las decisiones relativas a las elecciones de otros cargos públicos. Esto es así porque sólo conocería en apelación, y no hay Tribunal de Primera Instancia. Así que, en un interpretación acorde con la Constitución, asumió como competencias:
1. Los recursos que se interpongan por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos relacionados con su organización, administración y funcionamiento;
2. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra los actos de naturaleza electoral emanados de sindicatos, organizaciones gremiales o colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y de otras organizaciones de la sociedad civil;
3. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra actos, actuaciones u omisiones relacionados con los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político;
4. Los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto de determinar el sentido y alcance de la Ley Orgánica del Sufragio y de Participación Política, de otras leyes que regulen la materia electoral y la organización, funcionamiento y cancelación de las organizaciones políticas, en cuanto sean compatibles con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5, Numeral 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia;
De igual modo, hasta tanto se dicte la correspondiente ley y la Sala Electoral sea el único órgano integrante de la jurisdicción contencioso electoral, le seguirá correspondiendo conocer de las acciones de amparo autónomo contra los actos, actuaciones u omisiones sustantivamente electorales de los titulares de los órganos distintos a los enumerados en el Artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que lógicamente detenten competencia en materia electoral.
Quedan excluidos los actos administrativos no electorales emanados del Poder Electoral, tales como los de materia funcionarial, que corresponden a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo. Y los actos de funcionamiento institucional del Poder Electoral. Sin embargo, en cuanto a los actos de efectos generales, en tanto no se adecuen las leyes electorales a la Constitución, la Sala Constitucional asumió la competencia como control de actos en ejecución directa de la Constitución.
Como corolario de lo anterior, y por cuanto en la presente causa lo que se pretende es la Nulidad absoluta de las actuaciones realizadas por la Junta Electoral de la Asociación Civil del Club Parque Mar, así como el Reglamento Electoral elaborado por éstos, cuyas actas se identifican como Acta Nº 1, Acta Nº 2, Acta Nº 3 y Acta Nº 4, todas emanadas y suscritas por la Junta Electoral, en fechas 16/11/05, 17/11/05, 19/11/05y 26/11/05 respectivamente, considera quien juzga que resulta competente para conocer de la presente acción, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sobreviniendo de esta manera la Incompetencia de este Juzgado para conocer de la presente demanda. Y ASÍ SE DECIDE.
De igual manera el Artículo 60 ejusdem, establece lo siguiente:
Artículo 60.- La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.
La incompetencia por el valor puede declararse aún de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia. .
La competencia por la materia se asegura atendiendo a las Leyes relativas a la materia misma que se discute, a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en su defecto a las Leyes Orgánicas de los Tribunales.
La Ley ha establecido diversos grados jerárquicos que responden a la necesidad y al fin social de que los superiores revisen las decisiones de los inferiores, y en consecuencia, la competencia por la materia hay que buscarla en primer término en las Leyes atinentes a la materia misma que se discute o al acto que debe realizarse y en las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, en virtud de que la incompetencia por la materia es de orden público y puede declararse de oficio en cualquier estado e instancia del juicio, siendo que el motivo de la presente causa es la nulidad de las actuaciones realizadas por la Junta Electoral de la Asociación Civil del Club Parque Mar, este Tribunal, de conformidad con lo previsto en los Artículos 293 y 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER LA PRESENTE CAUSA. Como consecuencia de ello, en su oportunidad legal se acuerda remitir mediante oficio las presentes actuaciones a la jurisdicción competente, en este caso el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente.
LA JUEZ,



Dra. MERCEDES SOLÓRZANO.
LA SECRETARIA,



YASMILA PAREDES.





MS/YP/wg.
Exp. N° 6557.